Mujeres Indígenas Maya Achí luchan por encontrar la justicia

Un grupo de mujeres indígenas Maya Achí de Guatemala, sobrevivientes de violencia sexual durante el conflicto armado interno entre 1960 y 1996,  iniciaron un proceso judicial más de 30 años después de sufrir estos vejámenes por parte de miembros de las patrullas de autodefensa civil (PAC), grupo paramilitar organizado por el ejército de Guatemala.

El Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, descubrió que los comisionados militares y miembros de las PAC fueron identificados como perpetradores en una de cada cuatro masacres.

La juez Claudette Domínguez, del Tribunal de Alto Riesgo “A”, a quién se le asignó realizar las audiencias, en las que el Ministerio Público presentó los cargos a seis de los acusados que enfrentan cargos por crímenes contra la humanidad en forma de violencia sexual contra 36 mujeres Maya Achíes, en Rabinal, Baja Verapaz, entre 1981 y 1985. 

Tres ex comisionados militares que formaban parte de la acusación del Ministerio Público siguen fugitivos en este caso.

Durante las audiencias la representante del Ministerio Público, Lucrecia Morales Ruiz, al presentar los cargos a los acusado, solicitó incorporar nuevos elementos sobre los cargos específicos, en particular la figura de agravante pues tres de las víctimas estaban embarazadas cuando fueron violadas, lo que produjo como resultado abortos; y una de las víctimas tenía tan solo 12 años de edad; y que estos hechos eran del conocimiento de los supuestos autores a la hora de cometer los crímenes.

Parte de las acusaciones realizadas por la fiscalía indica que Pedro Sánchez Cortez señaló a Paulina Ixpatá Alvarado y Pedrina Ixpatá Rodríguez, mientras patrullaba junto con elementos de tropa en la Plaza de Rabinal el 25 de agosto de 1983. Esto ocasionó que las mujeres fueran capturadas y llevadas al destacamento militar de Rabinal, donde permanecieron durante aproximadamente 25 días. Sánchez es acusado de violar a las dos mujeres junto con otros miembros del Ejército, de manera individual y colectiva, mientras éstas se hallaban bajo custodia militar.

La fiscal acusó a los hermanos Benvenuto y Bernardo Ruíz Aquino de turnarse para violar a Pedrina López de Paz, de 12 años de edad, en su hogar y frente a sus hermanos menores el 29 de agosto de 1982. Esto ocurrió luego que los acusados identificaran a los padres de los niños, a los que luego se llevó el Ejército. Morales Ruíz declaró que el Ministerio Público presentaría un testigo ocular de estos crímenes.

La fiscal declaró que en octubre de 1981, el acusado Damián Cuxum Alvarado ingresó al hogar de Marcela Alvarado Enríquez y empezó a interrogarla respecto a su esposo. Acusó a Cuxum Alvarado de atar a la hija de la víctima y luego violarla. Luego, él y otros patrulleros y soldados saquearon la vivienda. Alvarado Enríquez tenía tres meses de embarazo al momento de darse los hechos, y sufrió un aborto como consecuencia.

La fiscalía acusó a Cuxum Alvarado y a Simeón Enríquez Gómez, otro de los acusados, de ingresar por la fuerza a los hogares de Margarita Alvarado Enríquez y Estéfana Alvarado Sic en noviembre de 1981, junto con miembros del Ejército, y de violar a las dos mujeres, a pesar de que estaban embarazadas. También saquearon sus hogares. Luego llevaron a Alvarado Sic al destacamento militar, donde fue violada en varias ocasiones a lo largo de tres días. Tanto Alvarado Enríquez como Alvarado Sic sufrieron abortos.

La fiscal declaró que Félix Tum Ramírez identificó a Lucía Jerónimo Ramírez y a María Candelaria Xoloc Morales en la plaza pública de Rabinal en agosto de 1983, por lo que fueron capturadas por soldados que las transfirieron al destacamento militar. En el destacamento, Tum Ramírez y otros miembros de las PAC las violaron durante el día, mientras que elementos de tropa destacados en la base las violaron durante la noche.

A pesar que las sobrevivientes identificaron a los sindicados y la presentación de pruebas por parte de la fiscalía, la jueza declaró el sobreseimiento de las acusaciones a tres de los acusados y la clausura provisional de los otros tres. 

En un comunicado del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), querellante adhesivo en el proceso, indicaron que los argumentos vertidos por la jueza Claudette Domínguez Guerrero "a favor de la impunidad con la que beneficia a militares sindicados de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno" confirman "su parcialidad en estos casos", aseguró

"De nuevo la jueza se escudó en el secreto militar para no observar documentos militares presentados por el Ministerio Público", por lo que la entidad expresó su "solidaridad" con las mujeres Achí que "valientemente" rompieron el silencio para buscar justicia y exhortó al pueblo de Guatemala, a la comunidad internacional y a las autoridades competentes a "denunciar estos hechos de impunidad".

Las víctimas presentaron una acción de amparo porque, en su opinión, en la audiencia de apertura a juicio, celebrada el 7 de junio de 2016, la jueza Domínguez, además de dictar clausuras provisionales y sobreseimientos, "omitió o no se pronunció" respecto a los hechos de violencia sexual, "tergiversando los hechos" y "dejando fuera del caso el 80 % de las víctimas que exigen justicia por sus familiares que sufrieron violencia sexual".

Después de varios meses de espera para que un tribunal de amparo resolviera la situación del caso de violencia sexual Achí, el día 9 de septiembre de 2019 la Sala de apelaciones resolvió que la Jueza Claudette Domínguez no puede seguir conociendo el CasoMujeresAchi por interés indirecto, ordenando que el caso se traslade al Juez Miguel Ángel Gálvez del Juzgado de Mayor Riesgo "B".

Con esta resolución la búsqueda de justicia por parte del grupo de mujeres sobrevivientes, avanza más de 30 años después de sufrir los hechos.