10 años después del golpe de estado
Honduras, ubicado en el norte de centro américa, saltó a la primera planas de noticias internacionales en el año 2009 después que el gobierno del entonces presidente Manuel Zelaya, fuera depuesto por un golpe de estado encabezado por altos mandos del ejército de Honduras.
Después de 10 años, la violencia, pobreza, el narcotráfico, la corrupción y la impunidad son los principales factores que han provocado la salida masiva –“caravanas de migrantes” de ciudadanos hondureños hacia otros países, principalmente México y los Estados Unidos. También se han incrementado las denuncias sobre violaciones a derechos humanos, principalmente a personas organizaciones ambientalistas, indígenas, LGTBQ.
En varios de los casos vinculados a crímenes contra defensores de derechos humanos aparece la participación de elementos activos o retirados vinculados a la fuerzas de seguridad hondureña –policía y ejercito-. Uno de los casos más emblemáticos fué el asesinato el 3 de marzo de 2016 de la activista y defensora de derechos humanos Berta Cáceres, mujer indígena Lenca y co-fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares (COPINH).
El 30 de noviembre de 2018, un Tribunal Penal Nacional de Honduras condenó a siete personas encontradas culpables del asesinato, el Tribunal determinó que estas personas habían sido contratados por ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. –DESA-, empresa que construye una hidroeléctrica en el territorio indígena Lenca. “ (…) ocasionó que se planificara y mediara la forma de dar muerte a la señora Cáceres, todo ello con el conocimiento y consentimiento de los ejecutivos de la empresa DESA, entre ellos el señor Sergio Rodríguez y otros más que no son parte de este proceso.” -fragmento de la sentencia del tribunal penal nacional de Honduras-
Algunos de las personas condenadas eran agentes activos o formaron parte de las fuerzas de seguridad hondureña, incluso algunos recibieron entrenamiento en los Estados Unidos, por ejemplo: Mayor Mariano Díaz Chavez, graduado de la Escuela de las Americas –SOA-. entrenado en Fort Benning, Estados Unidos y en la lucha contra el terrorismo en la Academia Interamericana de la Fuerza Aérea en Texas, formó parte de la guerra liderada por Estados Unidos en Irak. Fue comandante del ejército, instructor de la Policía Militar de Honduras, y jefe de inteligencia militar del Primer Batallón de Honduras.
Douglas Bustillo graduado de la Escuela de las Américas (SOA) y ex jefe de seguridad de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. –DESA-
Roberto David Castillo se graduó de la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point en 2004. A partir de 2006, trabajó para las Fuerzas Armadas hondureñas, sirviendo como segundo teniente de inteligencia militar. En junio de 2007, se convirtió en parte de la Junta de Intervención de las Fuerzas Armadas hondureñas que se hizo cargo la Compañía Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) como un medio para abordar las pérdidas en ENEE. Castillo fue dado de baja del ejército en diciembre de 2011. Durante su tiempo como oficial de inteligencia militar y empleado de ENEE, Castillo comenzó a operar empresas comerciales que se beneficiaron de su acceso a la influencia en las agencias gubernamentales. Desde entonces, ha tenido o tenido roles en numerosas corporaciones.
Los señalamientos, participación y extradición de políticos, elementos de seguridad y altos mandos del gobierno en delitos de narcotráfico son cada vez más evidentes. El reciente juicio en una corte de New York y en el que fue encontrado culpable de tráfico de cocaína de Juan Antonio Hernández Alvarado, mejor conocido como Tony Hernández, ex-diputado en el Congreso Nacional de Honduras y hermano del mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández.
En medio de este panorama de violencia, asesinatos de defensores de derechos humanos y la profundización de la pobreza han provocado que miles de personas tengan que optar como única opción de sobrevivencia la migración forzada hacia otros países, principalmente a los Estados Unidos, incluso lo difícil y violento que puede ser el tránsito por el territorio de Guatemala o México y enfrentar la política migratoria de la actual administración de los Estados Unidos, incluyendo el más reciente acuerdo de Tercer país seguro para el norte de Centro América.
